LA TRAGEDIA DE LOS BEBÉS EN ESPAÑA

Por José-Christian Páez

El Estado español está vulnerando la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, con cada bebé apátrida que nace en territorio español. Ello porque España no otorga a estos menores la nacionalidad al momento de nacer, tal como lo establece el artículo 7 de dicha Convención. En ese artículo, el legislador, queriendo proteger los derechos del recién nacido, estableció que «tendrá derecho desde que nace [...] a adquirir una nacionalidad» y destacó que «los Estados Partes velarán por la aplicación» de este precepto «sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida».

Así mismo, el artículo 3.º de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor establece que: «Los menores gozarán de los derechos que les reconoce la Constitución y los Tratados Internacionales de los que España sea parte, especialmente la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas y los demás derechos garantizados en el ordenamiento jurídico, sin discriminación alguna por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, deficiencia o enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o cualquiera otra circunstancia personal, familiar o social.»

El sentido del concepto «desde que nace» está contenido en el artículo 30 del Código Civil español donde define como nacido «el feto» que «viviere veinticuatro horas desprendido del seno materno». A partir de ese momento, el menor tiene derecho a una nacionalidad. Así mismo, la Comisión de Naciones Unidas insta a «protegerlos de la explotación económica; protegerlos del uso de narcóticos, de la explotación sexual, del rapto y el tráfico», sin embargo, ante esta letra muerta, hoy miles de niños en España se encuentran indocumentados, quedando expuestos a las arbitrariedades de terceros.

La nacionalidad española de éstos sólo puede ser exigida instando un expediente en el Registro Civil y sólo si el o los consulados de los padres (cuando son de nacionalidades distintas) les emiten sendos certificados explicando que por las leyes nacionales de ese o esos países el niño no ostenta la nacionalidad de los padres por el hecho de haber nacido en España. Se subentiende que sin esa certificación consular no se puede incoar el expediente y el niño quedará apátrida, situación no lejana de la realidad porque ciertos países se niegan a darlo, lo que no exime a España de su obligación porque la Convención obliga al Estado donde el menor ha nacido apátrida. Luego, tras un largo proceso que varía entre cuatro meses y un año, se dicta la resolución que otorga al hasta entonces apátrida la nacionalidad «española de origen» conforme lo establece el artículo 17 letra c del Código Civil.

Esta situación es discriminatoria. Se trata de una grave violación constitucional: El período comprendido entre las primeras horas posteriores a las veinticuatro horas de vida, a partir de las cuales el menor es sujeto del derecho a la nacionalidad española, y el momento en el cual se le otorga, el niño vive privado de su nacionalidad, hecho que vulnera el artículo 11.2. de la Constitución Española donde se establece que «Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.» Podemos agregar que el artículo 15.2. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que «A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad». Es como si se distinguiera entre niños de primera y de segunda categoría. Pasa inadvertida para el ciudadano común porque al hijo de padre o madre españoles sí le es reconocida la nacionalidad al momento de nacer.

Esta disposición busca endurecer las leyes que regulan la inmigración. Los niños son víctimas inocentes de una "guerra invisible" que se da en los campos de la burocracia. Con el no otorgamiento de la nacionalidad, el Estado español evita la invocación -por parte de los padres del menor- de ciertas excepciones legales por el hecho de tener a su cargo un menor español, tales como la presentación de una oferta de trabajo (hoy sólo se puede hacer en el consulado español del país de origen) y la exención de visado, gestiones que permitirían a sus progenitores obtener los permisos de residencia y de trabajo.

En los Estados Unidos de América, país que, paradójicamente, no ha suscrito la Convención de los Derechos del Niño, los niños gozan de todos los derechos al nacer porque la ley les otorga la nacionalidad norteamericana, cualesquiera sean las nacionalidades y situaciones legales de los padres. Incluso, en países con menos historial jurídico y considerados del Tercer Mundo, tales como Chile o Argentina, la ley no distingue entre padres nacionales y extranjeros otorgando la nacionalidad al recién nacido. De este modo un bebé está protegido, porque la posesión de una nacionalidad permite que tenga una legislación aplicable y derecho a estar documentado con su correspondiente DNI y pasaporte.

La indocumentación de los menores apátridas que viven en España, además de ser una clara ambigüedad (porque tanto las autoridades como los políticos de la mayoría de las tendencias hacen valer la Constitución ante el movimiento secesionista de los vascos pero no ante esta omisión que provoca indefensión legal en los niños), es una aberración jurídica. No es digna de un país desarrollado. Carece de fundamento en una nación que tiene un crecimiento demográfico cero.

 

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José-Christian Páez nació en Santiago de Chile, en 1962. Ha desempeñado diversos oficios: Cartero, promotor, y vendedor de libros, entre los más recientes. Como escritor es autor de cuatro libros de poesía (Boceto por una joven muerte, 1986; Narcisiones, 2000; Amoris, 2000; Desaparecidas muertes para lamuerte, 2001), una novela (666 hijos de la ceguera, 1998), y un diccionario (Diccionario biobibliográfico de escritores chilenos jóvenes y autoeditados).

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