LA INDEFENSIÓN DE LOS NIÑOS APÁTRIDAS EN ESPAÑA

Por José-Christian Páez

(Desde España)

España estaría vulnerando la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, por cada niño apátrida que nace en territorio español. Ello porque el Estado español no otorga a estos menores la nacionalidad al momento de nacer, tal como lo establece el artículo 7 de dicha Convención. En ese artículo, el legislador, queriendo proteger los derechos del recién nacido, estableció que «tendrá derecho desde que nace [...] a adquirir una nacionalidad» y destacó que «los Estados Partes velarán por la aplicación» de este precepto «sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida».

 

El sentido del concepto «desde que nace» está contenido en el artículo 30 del Código Civil español donde define como nacido «el feto» que «viviere veinticuatro horas desprendido del seno materno». A partir de ese momento, el menor tiene derecho a una nacionalidad. Sin embargo, hoy miles de niños en España se encuentran indocumentados, quedando expuestos a las arbitrariedades de terceros y sometidos a una vida precaria. Por lo mismo, entre las medidas de protección especial, la Comisión de Naciones Unidas (http://www.onu.org/temas/infancia/derninos.htm) insta a «protegerlos de la explotación económica; protegerlos del uso de narcóticos, de la explotación sexual, del rapto y el tráfico». ¿Podría afirmar el Estado español que estos niños no están en la indefensión?

Este derecho sólo puede ser exigido instando un expediente en el Registro Civil, por el cual y tras un largo proceso, se dicta la resolución que otorga al hasta entonces apátrida la nacionalidad «española de origen» conforme lo establece el artículo 17 letra c del Código Civil. Esta situación es discriminatoria, como si se distinguiera entre menores de primera y de segunda categoría, y pasa inadvertida para el ciudadano común porque al hijo de padre o madre españoles sí le es reconocida la nacionalidad al momento de nacer.

Cabe preguntarse si estamos ante una violación constitucional: El período comprendido entre las primeras veinticuatro horas de vida, a partir de las cuales el menor es sujeto del derecho a la nacionalidad española, y el momento en el cual se le otorga, podría interpretarse como una privación de ella y como una clara violación del artículo 11.2. de la Constitución Española donde se establece que «Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.» Podemos agregar que el artículo 15.2. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que «A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad».

Con el no otorgamiento de la nacionalidad, el Estado español evitaría, al menos por un año, la invocación -por parte de los padres del menor- de los beneficios legales (exenciones de visado, p. ej.) que en materia de inmigración concede la ley de extranjería a los extranjeros que tienen a su cargo un menor español. No obstante, en países con menos historial jurídico, como Chile o Argentina, la ley no distingue entre padres nacionales y extranjeros otorgando la nacionalidad al recién nacido. De este modo, el menor tiene derecho a estar documentado con su correspondiente DNI y pasaporte, lo que permite a sus padres ejercer el derecho al libre tránsito, pudiendo regresar con el recién nacido a sus países de origen si así lo quisieren o donde ellos lo determinen (Art. 13.2. Declaración Universal de los Derechos Humanos).

La tenencia de una nacionalidad permite también que el menor tenga una legislación aplicable lo que por cierto es relativo en casos como el de España. Ante los ojos de quienes sufren las consecuencias de esta omisión jurídica, los hechos son incoherentes con lo prescrito en el primer párrafo del artículo 3.ºde la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor: «Los menores gozarán de los derechos que les reconoce la Constitución y los Tratados Internacionales de los que España sea parte, especialmente la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas y los de más derechos garantizados en le ordenamiento jurídico, sin discriminación alguna por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, deficiencia o enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o cualquiera otra circunstancia personal, familiar o social.»

La indocumentación de los menores apátridas que viven en España, no sólo impide a sus padres trasladarse a un tercer país con ellos, al mismo tiempo obstaculiza la protección que desean darles porque al carecer del respectivo permiso de residencia y de trabajo no tienen acceso al trabajo. La indocumentación de menores en España es indigna y discriminatoria con estos recién nacidos y con sus familias. No es digna de un país desarrollado y carece de fundamento en una nación que tiene un crecimiento demográfico cero.